Un grupo de treinta personas incapacitadas que vienen luchando por buscar la mejoría a su salud, a su seguridad social, decidieron tomarse las instalaciones de la ARP Positiva, ubicada en el barrio la Riviera, donde algunos de ellos se encadenaron a la puerta de entrada, otros se encuentran en el interior de las instalaciones de la ARP y otro grupo se encuentran acompañándolos desde afuera y en donde se encuentran personas con ortosis, lesionados, discapacitados y enfermos.

Marcelino Martínez vocero de los incapacitados del sector minero manifestó que, ellos se quedarán allí hasta que le solucionen la situación de la seguridad social a todos los compañeros, no tiene acceso a una clínica, los remiten a diferentes clínicas de la ciudad y de allí son rechazados, como el caso del compañero que se encuentra tirado en el andén de la ARP Positiva, está pre infartado y ellos no le dan continuidad a un procedimiento médico, llevamos más de media hora esperando una ambulancia y nunca llegó, lo embarcamos en un carro hasta la clínica Santa Ana y no fue atendido porque no llevaba la orden.

Los ex trabajadores incapacitados manifestaron desconocer los certificados de valoración ocupacional y cursos  de reconversión laboral que se halla hecho por parte de la ARP, puesto que en ningún momento han sido citados para hacerles entrega de estos e invitarlos hacer una verdadera reconversión laboral como lo hacen saber ellos a la opinión pública.

Mientras tanto el gerente médico de Positiva, Guillermo Grosso, informó que durante los últimos 12 meses, se les han cancelado indemnizaciones e incapacidades a 61 personas por un valor superior a los 725 millones de pesos. El funcionario agregó que la compañía no tiene ninguna reclamación sin resolver, pero aceptó continuar con los diálogos con todas las partes para buscarle soluciones integrales de seguridad social a los afectados.

Estos ex trabajadores recibieron plena atención médica y se les sigue atendiendo a través de consultas periódicas de seguimiento. Además, recibieron certificados de valoración ocupacional para que puedan buscar empleo en otros sectores.

Se espera por parte de estos ex trabajadores del sector minero y que se encuentran incapacitados, el acompañamiento de los organismos de derechos humanos, los entes de control y los estamentos departamental y municipal, porque se esta violando para ellos los más elementales derechos fundamentales como lo es el de la salud y  el trabajo.